En su decisión, el tribunal halló que al menos 20 resguardos indígenas de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Awá (UNIPA) padecen contaminación en fuentes hídricas, deterioro ambiental y vulneración de derechos colectivos y territoriales.
La sentencia demanda la suspensión temporal de la operación del oleoducto, hasta que se garantice su operación bajo condiciones seguras y de control ambiental. Además, ordena que el Estado y las empresas involucradas aseguren el acceso al agua potable, adelanten acciones de prevención, mitigación, restauración y compensación, y revisen los esquemas de licenciamiento ambiental, especialmente en zonas atravesadas por el conflicto armado.
El fallo llama la atención sobre la falta de licencias o permisos ambientales claros para la operación del oleoducto, factor que dificultó la evaluación de los impactos en los territorios indígenas colindantes.
Con esta decisión, la Corte reafirma su rol de garante de derechos de los pueblos étnicos y exige mayor responsabilidad estatal y empresarial en zonas vulnerables.
Redaccion: ExitosaStereo