El representante a la Cámara James Hermenegildo Mosquera Torres, elegido por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) número 6, que comprende 13 municipios del Chocó y dos de Antioquia, reportó un patrimonio líquido de $14.745 millones en 2024, de acuerdo con su declaración de bienes y rentas publicada en el portal de Función Pública.
La cifra lo ubica entre los congresistas con mayor patrimonio declarado y representa casi el doble de lo reportado por el segundo representante de la lista, Carlos Gumercindo De la Peña, del Partido de La U, quien registró $7.354 millones.
Uno de los aspectos que llama la atención en sus declaraciones es el incremento de los ingresos. En 2023, Mosquera reportó $2.186 millones, mientras que en 2024 la cifra ascendió a $12.418 millones. De este último monto, $398 millones correspondieron a salario, $246 millones a gastos de representación y $53 millones a cesantías. Los $11.719 millones restantes fueron registrados como otros ingresos y rentas.
También se evidencian cambios en sus reportes financieros. En 2023 declaró una inversión en un CDT por $14.118 millones y una deuda de $2.316 millones. Para 2024, el CDT ya no aparecía registrado, no reportó inversiones y su deuda figuraba en $7,8 millones.
En cuanto a sus propiedades, pasó de declarar nueve a diez inmuebles, seis ubicados en Quibdó y cuatro en Bogotá, cuyo avalúo conjunto se mantuvo cercano a los $2.000 millones. El medio EL COLOMBIANO señaló que buscó al congresista para conocer el origen de su patrimonio, pero no obtuvo respuesta al cierre de su publicación.
Mosquera fue elegido por primera vez para el periodo 2022-2026 y logró la reelección en las elecciones de marzo de 2026, con el respaldo del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (Cocoman). La lista pasó de 13.164 votos en 2022 a 23.893 en los comicios más recientes.
Sin embargo, su trayectoria también está relacionada con cuestionamientos judiciales. En octubre de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en su contra por los presuntos delitos de fraude en el registro de víctimas, fraude procesal y falsedad en documento público agravada. El proceso está relacionado con la declaración que presentó en 2021 para obtener la certificación como víctima del conflicto armado, requisito para aspirar a una curul de paz.
Según lo revelado por La Silla Vacía, una carta de la Secretaría de Gobierno de Istmina habría señalado que Mosquera no residía en ese municipio cuando aseguró haber sido desplazado. La Unidad para las Víctimas también lo denunció ante la Corte Suprema por presuntas irregularidades en su registro.
Otro proceso se relaciona con una imputación realizada por la Fiscalía en noviembre de 2020 por el presunto delito de peculado por apropiación agravado. La investigación está vinculada con un contrato de 2007 para el cobro de deudas de los municipios de Quibdó e Istmina a la EPS Selvasalud. Según la Fiscalía, el abogado habría recibido recursos y se habría apropiado de $1.078 millones por encima de los honorarios acordados. Su defensa cuestionó la competencia territorial del juzgado de Mocoa, donde se adelantó la actuación.
Además, el congresista ha enfrentado cuestionamientos de personas que afirma haber representado en procesos de indemnización por desplazamiento forzado, incluidas familias de Bojayá, algunas de las cuales aseguran que no recibieron los recursos acordados.
Los procesos mencionados corresponden a investigaciones y actuaciones judiciales, por lo que no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal contra el representante.