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La Contraloría General de la República presentó los resultados del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019–2024)”, un análisis técnico exhaustivo que evaluó la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 universidades públicas del país, revelando una desfinanciación estructural que compromete la estabilidad del sistema universitario estatal.
El informe analizó ingresos, gastos, estructura de costos, inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento bajo criterios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal. Uno de los principales hallazgos es la alta concentración de recursos públicos en un reducido grupo de universidades, encabezadas por la Universidad Nacional, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, que concentran casi la mitad de los ingresos nacionales, profundizando las brechas regionales y las desigualdades en el gasto por estudiante.
El estudio evidenció marcadas diferencias en los ingresos por alumno, que van desde más de $11 millones en la Universidad Nacional hasta poco más de $500 mil en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4,5 millones. Esta disparidad incide negativamente en el principio de equidad del sistema de financiación.
En términos de solvencia, aunque el 75,8 % de las instituciones presenta una capacidad adecuada para respaldar sus obligaciones financieras, el 24,2 % restante enfrenta márgenes limitados. A esto se suma una de las mayores presiones estructurales: el pasivo pensional, que en 2024 alcanzó los $10,3 billones, concentrado principalmente en la Universidad Nacional y la Universidad del Valle, las cuales representan el 57,8 % de esta carga.
La Contraloría advirtió que este pasivo desvía recursos que podrían destinarse a docencia, infraestructura y expansión institucional, limitando el crecimiento de varias universidades, especialmente aquellas con menor capacidad de generar ingresos propios.
Adicionalmente, el órgano de control analizó el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones, la Contraloría calcula un impacto de $27,8 billones, señalando la necesidad de que cualquier ampliación de la financiación esté respaldada por fuentes claras, sostenibles y verificables en el largo plazo.
El informe concluye que, pese a algunos avances en gestión e inversión, persisten profundas brechas financieras y territoriales, por lo que se hace urgente revisar el modelo de financiación de la educación superior pública, diversificar las fuentes de ingreso y proteger los recursos misionales frente al peso del pasivo pensional y el endeudamiento.
Fuente: Exitosastereo
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