Subsidios a la gasolina y el diésel presionan las finanzas públicas: el costo que podría llegar a los impuestos

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El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) podría acumular obligaciones cercanas a los 15 billones de pesos en 2026. El déficit fiscal y el aumento del precio internacional del petróleo ponen presión sobre las cuentas del Gobierno.

Aunque los precios de la gasolina y el diésel han tenido ajustes que frenan su incremento para los consumidores, el costo de mantenerlos por debajo de los valores internacionales no desaparece. Una parte de esa diferencia se acumula en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo creado para amortiguar las variaciones del mercado y evitar que estas se trasladen de manera inmediata al bolsillo de los colombianos.


Para 2026, las obligaciones de este fondo podrían acercarse a los 15 billones de pesos. El Gobierno deberá cubrir esos recursos mediante giros a Ecopetrol y a otros agentes de la cadena de combustibles. Estos pagos representan un flujo de caja importante para las compañías involucradas y, en particular, para la petrolera estatal, que también enfrenta compromisos financieros relacionados con la adquisición de Brava Energia en Brasil.


El problema se enmarca en el deterioro de las finanzas públicas. Según las cifras mencionadas por el Ministerio de Hacienda, sin los recortes previstos, el déficit fiscal podría llegar al 8,2 % del producto interno bruto (PIB) en 2026 y acercarse al 9,4 % en 2027. Para enfrentar este panorama, el Ejecutivo contempla una combinación de ajustes al gasto y medidas para aumentar los ingresos tributarios.


En ese escenario, los subsidios a los combustibles aparecen entre los rubros que generan presión sobre el presupuesto. El FEPC fue creado en 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y comenzó a operar en 2009. Su funcionamiento permite compensar las diferencias entre los precios internos y los valores internacionales, pero cuando esa brecha aumenta, también crecen las obligaciones que debe asumir el Estado.


Las proyecciones del fondo cambiaron considerablemente durante los últimos meses. A comienzos de año, antes del encarecimiento del petróleo asociado a la guerra en Irán, el centro de pensamiento ANIF estimaba un superávit de 2,6 billones de pesos. Después del recorte de 300 pesos por galón aplicado en febrero, esa proyección se redujo a cerca de 1,9 billones.


Sin embargo, el aumento del precio internacional del crudo modificó el panorama. El barril de petróleo Brent pasó de 65,1 dólares hace un año a 92,7 dólares, según las cifras del texto, y llegó a registrar un máximo de 119,2 dólares el 20 de mayo. Este comportamiento amplió la diferencia entre los precios internacionales y los valores reconocidos en el mercado nacional.


La presión se refleja especialmente en el diésel o ACPM. La brecha entre su precio interno y el internacional se estima en aproximadamente 8.300 pesos por galón, lo que representaría obligaciones adicionales de 1,22 billones de pesos mensuales para el FEPC.


De acuerdo con los valores señalados por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, el galón de gasolina quedó en 15.886 pesos y el de ACPM en 11.310 pesos.


Aunque el consumidor no necesariamente ve el costo del subsidio reflejado directamente en la factura al momento de tanquear, su financiación tiene efectos sobre las cuentas públicas. El Gobierno debe cubrir esas obligaciones con recursos del presupuesto, lo que puede aumentar la presión para realizar recortes, buscar nuevos ingresos o revisar los mecanismos de estabilización de los combustibles.

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