El Senado de la República tiene en su agenda la discusión de un proyecto de acto legislativo que busca establecer el año 2028 como límite para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La iniciativa, promovida por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, llega a la plenaria después de recibir aprobación en su primer debate en la Comisión Primera.
En esa comisión, la propuesta obtuvo 10 votos favorables y contó con el respaldo de congresistas de distintas colectividades, entre ellas Salvación Nacional, Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, La U, Partido Liberal, Alianza Verde y Mira.
El texto plantea que la JEP termine sus actividades en 2028 y contempla modificaciones al tratamiento de algunas decisiones judiciales. Entre ellas, establece que las sentencias condenatorias contra comparecientes que no acepten responsabilidad ante la Jurisdicción, o ante el juez que asuma sus funciones durante el cierre y la transición, sean revisadas automáticamente por la Corte Suprema de Justicia.
Durante el primer debate también se introdujeron cambios por parte de la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático. Entre los ajustes que llegarán a discusión en plenaria está la posibilidad de que la Corte Suprema conozca las tutelas contra decisiones de la JEP y la eliminación de una sala de cumplimiento que, según el texto original, podría extenderse hasta por 20 años.
La iniciativa ha generado posiciones políticas alrededor del alcance y la continuidad del tribunal creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016. Sus promotores plantean establecer límites temporales y modificar algunos mecanismos de revisión judicial, mientras que la discusión también involucra el papel de la Jurisdicción en el cumplimiento de sus funciones frente a los comparecientes.
El debate legislativo coincide con el cambio en la presidencia de la JEP, ahora encabezada por el magistrado Danilo Rojas. En medio de las restricciones presupuestales previstas para 2027, el nuevo presidente anunció medidas de ahorro que, según indicó, permitirían reducir gastos en aproximadamente 26.000 millones de pesos anuales.
La propuesta deberá continuar su trámite en el Congreso. Al tratarse de un acto legislativo, su aprobación requiere superar los debates constitucionales correspondientes antes de que cualquier modificación entre en vigor.