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El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905. La decisión, adoptada por la Sección Segunda tras acumular 17 demandas, frena los efectos jurídicos del aumento del 23 %, aunque no constituye aún un fallo definitivo sobre la legalidad del acto.
El alto tribunal ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, el cual deberá estar debidamente sustentado en criterios técnicos como la productividad, la inflación de 2025, el IPC proyectado para 2026 y las variables macroeconómicas exigidas por la ley. Mientras se publica el nuevo acto administrativo, el incremento decretado seguirá vigente y no tendrá efectos retroactivos sobre pagos ya realizados.
La decisión reabre el debate jurídico y económico sobre la forma en que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo, recordando precedentes en los que el Consejo de Estado exigió una motivación técnica rigurosa, basada en los parámetros definidos por la Constitución, la Ley 278 de 1996 y las metas establecidas por el Banco de la República.
Fuente: Exitosastereo
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