.jpeg)
El reciente pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de impulsar un proceso de reforma constitucional ha abierto un amplio debate en distintos sectores del país, especialmente en los ámbitos jurídico, político y académico.La iniciativa, planteada como una herramienta para revisar y actualizar aspectos estructurales del ordenamiento institucional, ha generado múltiples interpretaciones sobre los mecanismos constitucionales disponibles, los alcances legales del proceso y los tiempos en los que podría desarrollarse.
Desde diversos sectores se ha señalado la importancia de que cualquier iniciativa de este tipo se enmarque estrictamente en la Constitución y en los procedimientos establecidos por la ley, garantizando la separación de poderes, la estabilidad democrática y el respeto por el Estado de derecho.
El debate también ha llegado al Congreso de la República, a las altas cortes y a organizaciones de la sociedad civil, donde se analizan los posibles impactos políticos, jurídicos y sociales que tendría una eventual convocatoria a un proceso constituyente, así como sus implicaciones en el actual panorama institucional.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado que cualquier propuesta de reforma deberá ser objeto de discusión pública, participación ciudadana y control constitucional, como parte de un ejercicio democrático amplio y transparente.
Redaccion: Noticiero del Llano
.jpeg)
