Las principales asociaciones de jueces y fiscales (APM, AF y APIF) emitieron un comunicado conjunto en el que piden expresamente a García Ortiz que no acuda al evento, debido a que actualmente está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos. El caso está relacionado con la filtración de información sobre la investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
En el comunicado, las asociaciones subrayan que la presencia del fiscal general “sentado junto al rey y frente al Poder Judicial” en estas circunstancias “sería un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado”. Además, advierten que este hecho “mina la credibilidad de la justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñan su función con independencia y respeto al principio de legalidad”.
Si bien recalcan su respeto al principio de presunción de inocencia, sostienen que la imagen institucional del país debe estar por encima de cualquier interés particular. Por ello, instan al fiscal general a abstenerse de asistir “por respeto al rey y a las instituciones”.
La controversia también llegó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los diez vocales conservadores solicitaron a la presidenta Isabel Perelló que recomiende a García Ortiz no intervenir en el acto, y además pidieron que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se siente junto al monarca. Según el escrito enviado, se busca “evitar una tensión innecesaria” que podría afectar la imagen de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la propia Corona.
El acto de apertura del Año Judicial es una de las ceremonias más relevantes en el calendario institucional de España, ya que marca la agenda de la justicia y refleja la cohesión de los poderes del Estado en torno a la figura del rey.
De momento, García Ortiz no ha confirmado si asistirá o no al evento, mientras el caso en su contra sigue su curso en el Tribunal Supremo.
Fuente: EFE