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Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pretende frenar el uso que el presidente Gustavo Petro hace de su cuenta personal en la red social X, al considerar que sus publicaciones vulneran derechos colectivos e impactan la institucionalidad del país.La demanda fue radicada el lunes 1 de septiembre de 2025 por el abogado Gonzalo Valbuena Oñate, especialista en Seguridad y Defensa Nacionales, quien argumenta que los mensajes del mandatario han sobrepasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, al mezclar opiniones personales con decisiones de Estado y generar consecuencias de alto impacto para la política interna y externa de Colombia.
Argumentos centrales de la demanda
El recurso judicial sostiene que el presidente utiliza su cuenta personal como un canal para anunciar medidas oficiales, realizar advertencias diplomáticas y emitir juicios contra opositores, empresarios y periodistas, sin filtros institucionales ni protocolos de verificación.
Por esa razón, Valbuena solicita a la justicia:
Suspender el uso de la cuenta personal de X del presidente.
- Delegar, en caso contrario, la administración de dicha cuenta en un equipo institucional con lineamientos de comunicación oficial.
- Establecer un protocolo de redes sociales para la Presidencia que garantice respeto, veracidad y responsabilidad.
- Ordenar al jefe de Estado un compromiso público de respeto a la oposición y a la institucionalidad.
- Implementar un sistema de seguimiento y control sobre el cumplimiento de estas medidas.
“El presidente ha convertido esa red en un escenario de decisiones improvisadas y ataques, desconociendo que sus palabras no son simples opiniones, sino actos de Estado”, expresó Valbuena en entrevista con Infobae Colombia.
Episodios que motivaron la acción judicial
Entre los ejemplos citados por el abogado están:
- Enero de 2025: Petro anunció por X un estado de conmoción interior y emergencia económica antes de que las medidas fueran formalizadas, lo que generó confusión entre ciudadanos y medios internacionales.
- 26 de enero de 2025: Desautorizó a las 3:00 a. m. el aterrizaje de un avión con deportados desde Estados Unidos, provocando una crisis diplomática que incluyó sanciones comerciales y restricciones migratorias.
- Agosto de 2025: Negó en X la existencia del llamado Cartel de los Soles, en medio de tensiones con Venezuela y EE. UU., lo que fue interpretado como un pronunciamiento diplomático irregular.
La demanda también señala publicaciones dirigidas contra figuras como el senador opositor Miguel Uribe Turbay (asesinado semanas después de haber sido objeto de críticas del mandatario en X), el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, y la periodista Paola Ochoa, quienes fueron señalados directamente por Petro en medio de la polarización política.
El debate jurídico
Desde el plano legal, la acción popular sostiene que el presidente, como máxima autoridad del Estado, tiene un deber reforzado de prudencia en sus comunicaciones, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El documento advierte que la libertad de expresión de los funcionarios públicos no es absoluta y debe ejercerse bajo criterios de veracidad, proporcionalidad y respeto a la oposición, dado el impacto que las palabras presidenciales tienen en la opinión pública y en la estabilidad institucional.
Respuesta de la Presidencia
La Casa de Nariño, a través de un derecho de petición respondido en julio de 2025, defendió la conducta de Petro. Argumentó que sus mensajes en redes sociales se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión, amparado tanto por la jurisprudencia nacional como por tratados internacionales, y que constituyen parte del debate democrático.
“El Presidente, como ciudadano y jefe de Estado, goza de este derecho fundamental, incluso cuando sus opiniones resultan incómodas u ofensivas para algunos sectores”, señaló la respuesta oficial.
Un caso con repercusiones políticas
La acción popular abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el rol de las redes sociales en el ejercicio del poder y los límites de la comunicación política en un país marcado por la polarización.
La decisión que tome el Tribunal Administrativo de Cundinamarca podría sentar un precedente histórico sobre la regulación del uso de plataformas digitales por parte de altos dignatarios del Estado.
Fuente: Infobae
