El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la aprobación de la Ley de Sometimiento representa un componente fundamental de la nueva estrategia de paz y seguridad que su Gobierno busca implementar durante el próximo cuatrienio. La iniciativa establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones criminales y estructuras armadas ilegales puedan entregarse a la justicia bajo condiciones específicas, sin que esto implique negociaciones de carácter político con esos grupos.
El proyecto fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes durante la noche del martes 3 de noviembre. En el Senado obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara recibió 95 votos positivos y 10 negativos. Ambas corporaciones respaldaron el mismo texto, por lo que no fue necesaria una conciliación. La iniciativa quedó pendiente de sanción presidencial para convertirse en ley.
La propuesta modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y establece nuevas reglas para el sometimiento a la justicia de organizaciones vinculadas con actividades criminales. El propósito es facilitar su desmantelamiento mediante la entrega de armas y bienes, el suministro de información y la colaboración con las autoridades, bajo compromisos verificables y control judicial.
Uno de los principales cambios frente a la política de paz total del anterior Gobierno es que el mecanismo no contempla el reconocimiento político de las estructuras criminales ni la apertura de negociaciones sobre sus reivindicaciones. Tampoco establece la suspensión de órdenes de captura o de extradición, ni la interrupción de las operaciones de la Fuerza Pública.
El texto aprobado contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes de base y de hasta el 30 % para los cabecillas, siempre que cumplan las condiciones establecidas. Además, se retiraron los beneficios de tratamiento penal diferenciado para quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad.
Desde el Gobierno, la iniciativa fue presentada como una herramienta para fortalecer la justicia, recuperar el control territorial y avanzar en el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales. El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que los beneficios estarán condicionados al cumplimiento de los compromisos adquiridos: quienes no los cumplan no podrán acceder a las reducciones de pena previstas.
Durante el trámite legislativo también se introdujeron modificaciones al articulado. Entre ellas, se eliminó el artículo relacionado con el manejo de recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), y se incorporaron disposiciones sobre deforestación, tala ilegal y minería ilegal, así como garantías jurídicas para los integrantes de la Fuerza Pública.
Con esta aprobación, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca establecer un modelo de sometimiento judicial como eje de su política de seguridad, en reemplazo de los mecanismos de negociación política con organizaciones armadas que caracterizaron la estrategia de paz total del Gobierno anterior.