La política de deportaciones y expulsiones de migrantes del Gobierno nacional abrió un debate sobre los alcances de las medidas de seguridad, el respeto al debido proceso y la necesidad de mantener estrategias de integración para la población extranjera que vive en Colombia.
La discusión se desarrolló en Rounds FM y contó con la participación de Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y profesor de la Universidad de La Sabana, y Rashid Correa, concejal de Barranquilla por Cambio Radical. Aunque presentaron distintos énfasis sobre la política migratoria, ambos coincidieron en que las autoridades deben actuar frente a las conductas delictivas sin convertir la nacionalidad en un criterio para establecer responsabilidades.
Correa manifestó su respaldo a la política de seguridad del Gobierno y defendió los controles migratorios cuando existen comportamientos contrarios a la ley. Como parte de su argumentación, mencionó que entre el 7 de agosto y el 29 de octubre se registraron más de 800 deportaciones y expulsiones en el país.
El concejal sostuvo que estas medidas deben estar respaldadas jurídicamente y respetar las garantías de cada persona. También señaló que es necesario diferenciar a quienes llegan a Colombia para trabajar, emprender y aportar a la sociedad de quienes participan en actividades criminales.
Por su parte, Rodríguez advirtió sobre los riesgos de generalizar los delitos cometidos por algunos extranjeros y atribuir esa responsabilidad al conjunto de la población migrante. El investigador destacó que Colombia alberga a 2.856.000 ciudadanos venezolanos y que, según las cifras expuestas durante el debate, 2.795.700 personas han logrado regularizar su situación.
Para Rodríguez, la integración no debe entenderse únicamente como una medida humanitaria, sino como una estrategia que permite reducir la vulnerabilidad de los migrantes y evitar que las organizaciones criminales aprovechen las condiciones de irregularidad.
Uno de los asuntos que generó especial preocupación fue la situación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que permanecen sin regularizar. El investigador mencionó que 193.600 menores se encuentran en esa condición y alertó sobre los riesgos de reclutamiento por parte de estructuras criminales.
Ante este panorama, planteó la necesidad de facilitar los procedimientos ante Migración Colombia, fortalecer la capacidad institucional de los municipios y garantizar el acceso de los menores a las instituciones educativas.
Correa también reconoció la importancia de mantener la integración de la población venezolana y recordó que millones de ciudadanos de ese país han encontrado en Colombia un lugar para trabajar, desarrollar emprendimientos y construir sus proyectos familiares.
Al cierre del debate, ambos participantes coincidieron en que las medidas contra la delincuencia deben aplicarse sin distinción de nacionalidad. Mientras Rodríguez insistió en fortalecer la regularización y evitar que la irregularidad sea aprovechada por redes criminales, Correa reiteró que las autoridades deben perseguir a quienes cometan delitos, independientemente de su origen.
El intercambio puso sobre la mesa el desafío de combinar la seguridad ciudadana con el cumplimiento de las garantías legales, la protección de los derechos humanos y la integración de la población migrante.