Durante su visita a Leticia, capital del Amazonas, el jueves 5 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió a los proyectos adelantados durante la administración del expresidente Gustavo Petro y lanzó un comentario sobre la controversia que involucra a Deyci Jiménez y las denuncias relacionadas con presuntos favores sexuales a cambio de contratos públicos.
En uno de sus discursos, De La Espriella aseguró que ve con “gran sospecha” algunas iniciativas del Gobierno anterior, al señalar que su administración ha encontrado situaciones que considera posibles casos de corrupción.
Como ejemplo, cuestionó la licitación para instalar fibra óptica a través de los ríos Putumayo y Amazonas. Según afirmó, el costo del proyecto habría pasado de $683.000 millones en 2025 a más de $1,14 billones en 2026, un incremento que estimó en un 67 %. También mencionó posibles riesgos financieros, ambientales y técnicos, así como dudas sobre el alcance de la conectividad que ofrecería la iniciativa.
En medio de sus declaraciones, el mandatario hizo una referencia directa a la polémica de Deyci Jiménez: “Porque donde uno levanta siempre hay corrupción, siempre hay desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”.
El comentario se produjo en medio de las denuncias que Jiménez hizo públicas en una entrevista con la revista Semana, en la que afirmó que habría recibido exigencias de carácter íntimo y sexual por parte del entonces presidente Petro a cambio de oportunidades laborales en entidades estatales.
La mujer, de 26 años, presentó capturas de conversaciones de Facebook y documentos relacionados con contratos que obtuvo durante ese periodo. También sostuvo que esos vínculos contractuales estarían relacionados con una presunta relación personal con el exmandatario.
Por su parte, el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, denunció la presunta existencia de una red de 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas mediante contratos públicos durante el Gobierno anterior.
Sin embargo, las afirmaciones hacen parte de una controversia que está bajo investigación. Los chats, el video y los documentos divulgados no demuestran por sí solos que los contratos estatales hayan sido utilizados para ejercer presiones de carácter sexual. Los contratos mencionados, según la información suministrada, aparecen registrados en el Secop.
Por ahora, corresponde a las autoridades establecer la veracidad de las denuncias y determinar si existieron irregularidades o responsabilidades en los hechos señalados.