El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, una cifra que, según la información suministrada, constituye el presupuesto más alto de la historia del país. Los recursos se distribuirán entre gastos de funcionamiento, inversión pública y servicio de la deuda, en medio de las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Del monto aprobado, $396 billones se destinarán a funcionamiento, $94,8 billones a inversión y cerca de $144 billones al pago de la deuda. Por sectores, Educación contará con $93 billones; Salud, con $84,5 billones; Defensa, con $74,9 billones; Trabajo, con $66,9 billones, y Hacienda, con $48 billones.
Durante el trámite legislativo se modificaron las partidas inicialmente propuestas. Según el texto, se redujeron $8,6 billones del servicio de la deuda para trasladarlos a inversión, cuyo presupuesto pasó de $86 billones a $94,8 billones. Además, se incorporaron $3 billones a funcionamiento. Salud fue uno de los sectores que recibió recursos adicionales y alcanzó una asignación de $84,5 billones. En contraste, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo una reducción de $181.400 millones.
La aprobación también generó cuestionamientos por el impacto que los cambios podrían tener sobre el déficit fiscal. Juan Carlos Ramírez, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), señaló que trasladar recursos del servicio de la deuda hacia inversión y funcionamiento podría ampliar el déficit primario. Según sus estimaciones, este indicador pasaría del 4,5 % al 5 % del producto interno bruto (PIB).
El Carf también advirtió sobre las dificultades para cumplir el ajuste fiscal anunciado por el Gobierno. Mientras el Ministerio de Hacienda había planteado un recorte de aproximadamente $21,7 billones, el organismo considera factible uno de $9,7 billones. En su informe de septiembre, proyectó que el déficit fiscal de 2026 cerraría en 7,8 % del PIB, por encima del 7,2 % previsto por la cartera económica.
Desde el sector financiero, Carlos Alape, analista de Aval Asset Management, destacó las asignaciones para salud, las obligaciones pensionales y el Sena, aunque señaló que el gasto de funcionamiento continúa siendo elevado. Por su parte, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, afirmó que el mercado estará atento a la presentación de la denominada Ley de Rescate, con medidas para reducir gastos y generar ingresos estructurales.
Otro punto de discusión corresponde a las facultades otorgadas al Ministerio de Hacienda para realizar traslados presupuestales al Fondo Milagro, destinados, según el texto, a atender afectaciones relacionadas con un terremoto. El exdirector de Presupuesto Jairo Bautista cuestionó la falta de mecanismos claros de trazabilidad y transparencia para conocer el uso de esos recursos.
Bautista también se refirió a la disposición que permitiría emitir hasta $500.000 millones en títulos de Tesorería (TES) para pagar obligaciones del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estas decisiones, junto con el alcance de los ajustes fiscales, seguirán bajo observación mientras el Gobierno avanza en la ejecución presupuestal y define nuevas medidas para las finanzas públicas.
