El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en medio de una controversia jurídica y política tras detectarse posibles irregularidades en su trámite legislativo. El proyecto, por cerca de $634,9 billones, había sido aprobado en las plenarias del Congreso; sin embargo, las diferencias entre los textos del artículo 65 avalados por el Senado y la Cámara de Representantes abrieron dudas sobre la culminación del procedimiento.
Las críticas se dirigieron contra el Ministerio de Hacienda y los responsables de garantizar la legalidad del proyecto. El representante liberal Octavio Cardona cuestionó la actuación del equipo jurídico de esa cartera y señaló que la falta de cuidado y rigor habría comprometido el trabajo realizado por ambas corporaciones legislativas.
Por su parte, el exsenador Carlos Fernando Motoa criticó el manejo del trámite y recordó la responsabilidad de los ponentes en el seguimiento de los proyectos de ley. También cuestionó la intención de otorgar competencias al Consejo Nacional Electoral mediante una ley temporal que, según su planteamiento, no tendría naturaleza orgánica.
El senador del Partido de la U, Antonio Correa, se sumó a los cuestionamientos y afirmó que el afán por aprobar el presupuesto habría perjudicado la discusión. En sus declaraciones, reclamó mayor concertación y rigor en el procedimiento legislativo.
El punto central de la controversia es el artículo 65. Según la información conocida, el Senado aprobó ese apartado sin proposiciones, mientras que en la Cámara se habría incorporado una modificación. El secretario general del Senado, Diego González, dejó constancia de que en el registro oficial de proposiciones aprobadas por esa corporación no figura una modificación relacionada con dicho artículo.
Cuando las dos cámaras aprueban versiones diferentes de un mismo proyecto de ley, el procedimiento legislativo contempla la conciliación de los textos. En este caso, ese paso no se habría realizado antes de vencer el plazo para completar el trámite presupuestal, lo que generó cuestionamientos sobre sus consecuencias jurídicas.
Ante este escenario, surgió la posibilidad de que el Gobierno expida el presupuesto mediante decreto, tomando como referencia el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas. No obstante, el alcance de la irregularidad y sus efectos sobre la totalidad del presupuesto o únicamente sobre el artículo cuestionado son asuntos que requieren una valoración jurídica.
La controversia también abrió interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios y congresistas que participaron en el proceso, así como sobre los mecanismos de control que debían garantizar la concordancia entre los textos aprobados. El caso mantiene bajo discusión la validez del trámite y el mecanismo que deberá utilizar el Ejecutivo para definir el presupuesto de 2027.
