El representante a la Cámara David Cote, del partido Centro Democrático, presentó una denuncia penal contra siete magistrados de la Corte Constitucional por el presunto delito de prevaricato por acción. La acción judicial cuestiona el procedimiento que siguió el alto tribunal al revisar la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
La controversia gira en torno a la decisión de la Corte de devolver inicialmente la reforma al Congreso para corregir vicios de procedimiento y, posteriormente, declarar exequibles algunas de sus disposiciones, mientras ordenaba subsanar nuevamente otros aspectos. Según el congresista, esta actuación podría exceder las competencias constitucionales del tribunal.
“En Colombia, quien legisla es el Congreso de la República, no siete magistrados. La independencia judicial no significa poder ilimitado”, afirmó Cote al exponer sus cuestionamientos frente a la decisión.
La denuncia se fundamenta en una posible vulneración de los artículos 6, 121 y 241 de la Constitución Política. El representante sostiene que el artículo 241 establece las competencias de la Corte Constitucional y el procedimiento que debe seguir cuando encuentra vicios de procedimiento que pueden corregirse durante la revisión de una ley.
Asimismo, invoca el artículo 121, que establece que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. A juicio del congresista, ordenar una nueva subsanación mientras se avalaban determinadas disposiciones de la reforma podría apartarse de las reglas constitucionales aplicables.
El documento también recoge cuestionamientos relacionados con el salvamento de voto del conjuez Carlos Pablo Márquez Escobar, quien se apartó de la decisión mayoritaria. Este elemento forma parte de los argumentos presentados para solicitar que se examinen las actuaciones de los magistrados.
Otro punto relevante es la fecha de entrada en vigor de las disposiciones avaladas. Según la información suministrada, la Corte fijó el 1 de abril de 2027 para la entrada en vigor de las normas correspondientes.
Ahora, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes deberá determinar si existen fundamentos para adelantar las actuaciones que correspondan. La presentación de la denuncia no implica que los magistrados hayan cometido un delito ni constituye una decisión judicial sobre su responsabilidad.
