La Corte Suprema de Justicia citó a Deicy Alejandra Jiménez Ramírez para rendir declaración como testigo dentro de una indagación relacionada con una denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro, conocida como el ‘caso de la 48’. Según la información divulgada, la diligencia fue programada para el jueves 29 de octubre a las 8:30 de la mañana por el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, integrante de la Sala Especial de Instrucción.
De acuerdo con fuentes citadas en los reportes sobre el proceso, la Secretaría de esa sala adelanta las gestiones para ubicar, contactar y notificar formalmente a Jiménez sobre la diligencia. La indagación se originó en una denuncia que fue asignada mediante reparto aleatorio al magistrado Fonseca Alvarado, quien quedó encargado de dirigir las actuaciones correspondientes.
El caso se relaciona con declaraciones públicas de Jiménez, quien aseguró que habría existido una presunta red de mujeres vinculadas a contratos estatales a cambio de compañía, silencio y supuestas relaciones sexuales. También formuló señalamientos sobre presuntos abusos de poder y otras conductas atribuidas a Petro. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias y deben ser esclarecidas por las autoridades; no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente probados.
La controversia también involucra a la senadora María José Pizarro. Jiménez afirmó que tuvo contratos con el Senado durante el periodo en que Pizarro ejerció la primera vicepresidencia de esa corporación. Además, mencionó vínculos contractuales con el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Según información publicada por La FM, los registros del Portal Anticorrupción de Colombia muestran que Jiménez tuvo diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026: siete relacionados con entidades del Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Uno de los contratos mencionados fue suscrito con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026, por un valor de $30.457.000 y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su objeto, según el reporte, consiste en apoyar la consolidación de informes para hacer seguimiento a proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Por su parte, el fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, señaló que una fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema fue designada para avanzar en la indagación correspondiente. También indicó que Jiménez podría ser llamada a declarar como testigo dentro de las actuaciones que adelanta la Fiscalía.
La competencia para investigar los hechos depende de las funciones y del cargo que desempeñaba la persona señalada cuando presuntamente ocurrieron. En el caso de Petro, la investigación de conductas que se le atribuyan durante su ejercicio como presidente corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, según el marco institucional aplicable.
La citación busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. El desarrollo de la indagación y las pruebas que se recauden serán determinantes para establecer si existen elementos que permitan adoptar nuevas decisiones judiciales.
