La aplicación de la Resolución CRA 1032 de 2026 por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) abrió un debate sobre el impacto que las decisiones tarifarias podrían tener en los usuarios y el manejo de los recursos públicos de la entidad.
A través de un pronunciamiento, un concejal de la capital del Meta exigió explicaciones sobre las consecuencias de la resolución, especialmente en relación con las tarifas del servicio, las condiciones financieras y operativas de la empresa y las medidas previstas para reducir las pérdidas de agua.
El cabildante sostuvo que la ciudadanía necesita información clara sobre los cambios que puedan afectar sus facturas y reclamó que las decisiones de la empresa se expliquen de manera transparente. También pidió conocer qué inversiones se realizarán para mejorar la eficiencia del sistema y evitar que los usuarios asuman los costos derivados de posibles deficiencias operativas.
Otro de los puntos planteados fue la protección del carácter público de la EAAV. El concejal manifestó su preocupación frente a cualquier decisión que pueda comprometer el patrimonio de los villavicenses o abrir la puerta a una eventual privatización de la entidad.
En ese contexto, anunció que continuará ejerciendo control político para solicitar información y hacer seguimiento a las decisiones relacionadas con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.
El pronunciamiento pone sobre la mesa asuntos de interés para los habitantes de Villavicencio: el costo del agua, la eficiencia en la prestación del servicio, las inversiones para disminuir las pérdidas y la transparencia en la administración de una empresa pública. No obstante, las preocupaciones expresadas corresponden a la posición del concejal y no constituyen, por sí solas, una confirmación de que exista un proceso de privatización o de que las tarifas vayan a aumentar.
