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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años al concejal de Castilla La Nueva, Meta, Jhon Deyber Ramírez Quintero (2024-2027), tras comprobar reiteradas inasistencias injustificadas a sesiones del Concejo Municipal.
De acuerdo con el fallo en primera instancia, el funcionario faltó a 44 de las 74 sesiones ordinarias realizadas durante los meses de mayo, agosto y noviembre de 2024, así como en febrero de 2025, pese a haber sido convocado formalmente mediante correos electrónicos y oficios.
El Ministerio Público desestimó los argumentos de la defensa, en los que el concejal sostenía que en la mayoría de los casos no fue citado conforme a los procedimientos reglamentarios. Tras analizar las pruebas, la entidad concluyó que sí existieron las convocatorias y que el disciplinado incumplió sus deberes funcionales.
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental, al considerar que afectó la moralidad administrativa y defraudó la confianza de la ciudadanía.
El fallo se fundamenta en lo establecido en la Ley 1952 de 2019 y en el Acuerdo 012 de 2020, normas que regulan el comportamiento disciplinario de los servidores públicos.
Esta decisión abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios de elección popular y el cumplimiento de sus obligaciones frente a las comunidades que representan.
Fuente: Exitosastereo Noticias
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