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El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió varios decretos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en el país, con el objetivo de mitigar los efectos de las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado a miles de familias en distintas regiones.
Las medidas incluyen acciones para reactivar los sistemas agroalimentarios, otorgar alivios a pequeños mineros, establecer beneficios en el servicio de energía eléctrica y facilitar recursos para vivienda, agua potable, infraestructura vial y educación superior en los territorios más impactados.
A través del Decreto 0212, el Gobierno busca garantizar el derecho a la alimentación y fortalecer las cadenas de abastecimiento en zonas afectadas de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. El Ministerio de Agricultura pondrá en marcha un plan de reactivación productiva para apoyar a pequeños y medianos productores que sufrieron pérdidas por inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.
En paralelo, el Decreto 0213 establece alivios para pequeños mineros damnificados, incluyendo la suspensión de intereses moratorios en el pago de canon superficiario y regalías durante la emergencia y hasta seis meses después de su finalización. Además, contempla la suspensión de sanciones administrativas y la prórroga de trámites de formalización minera.
En materia de energía eléctrica, el Decreto 0214 dispone que los usuarios afectados por la emergencia en los departamentos incluidos no recibirán facturación del servicio mientras dure la crisis. También se establece que las deudas previas podrán diferirse hasta por 12 meses para aliviar la carga económica de los hogares damnificados.
Las medidas también abarcan el sector de vivienda y hábitat mediante el Decreto 0215, que permitirá agilizar la entrega de subsidios, la reubicación de familias afectadas y la ejecución de proyectos de vivienda nueva, mejoramiento o autoconstrucción.
Asimismo, el Decreto 0228 adopta disposiciones para garantizar el suministro de agua potable y saneamiento básico, mientras que el Decreto 0222 habilita al Instituto Nacional de Vías (Invías) para ejecutar recursos extraordinarios destinados a la rehabilitación de carreteras y puentes afectados por las lluvias.
En el sector educativo, el Decreto 0227 amplía temporalmente las funciones del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para permitir inversiones en universidades públicas ubicadas en territorios impactados por la emergencia, donde cerca de 68.000 estudiantes han resultado afectados por daños en la infraestructura.
Según el Gobierno, estas medidas buscan atender de forma inmediata la crisis provocada por los fenómenos climáticos recientes y garantizar la recuperación social, económica y productiva de las regiones afectadas.
Fuente: Exitosastereo Noticias
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