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Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre la evolución del conflicto armado en Colombia, al evidenciar que el confinamiento de comunidades se ha convertido en una de las principales afectaciones humanitarias en lo corrido de 2026, superando ampliamente al desplazamiento forzado.De acuerdo con el reporte, entre enero y febrero se registraron 22 eventos de desplazamiento que afectaron a 6.006 personas en distintas regiones del país. Sin embargo, el dato más crítico corresponde al confinamiento: con apenas 13 eventos, se impactó a 20.765 personas, lo que representa más del triple de la población desplazada en el mismo periodo.
Este fenómeno refleja un cambio en las estrategias de los grupos armados ilegales, que cada vez más optan por restringir la movilidad de las comunidades dentro de sus territorios en lugar de forzarlas a salir. El objetivo, según advierte el organismo, es mantener el control sobre economías ilícitas y corredores estratégicos, sin generar visibilidad internacional que suele acompañar los desplazamientos masivos.
El informe también detalla que departamentos como Caquetá, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Chocó y Bolívar concentran la mayor cantidad de casos de confinamiento, mientras que el desplazamiento forzado sigue afectando territorios como Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y Vichada. Este último ha comenzado a registrar eventos de expulsión de comunidades, evidenciando su creciente vulnerabilidad frente a la presencia de estructuras armadas ilegales.
Las consecuencias del confinamiento son especialmente graves, ya que las comunidades quedan atrapadas sin posibilidad de movilizarse, lo que limita el acceso a alimentos, atención médica, educación y otros servicios esenciales. Además, se incrementan los riesgos asociados a amenazas, homicidios, reclutamiento forzado de menores, instalación de minas antipersonal y otros hechos violentos.
Aunque las cifras muestran una reducción en el número de personas confinadas entre enero (17.651) y febrero (3.114), el balance general sigue siendo preocupante y evidencia una crisis humanitaria persistente en varias regiones del país.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer la presencia institucional, implementar medidas de prevención y garantizar una atención integral a las comunidades afectadas. Asimismo, advirtió que, de no tomarse acciones oportunas, esta tendencia podría agravarse y profundizar las brechas sociales en los territorios más vulnerables.
Fuente: Exitosastereo Noticias
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