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El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las críticas de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) frente al proyecto de decreto del Gobierno nacional que busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y aseguró que la iniciativa no representa riesgos jurídicos ni afecta de manera sustancial el valor de los inmuebles.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que Camacol debería pedir a sus afiliados no pactar promesas de compraventa medidas en salarios vitales, al considerar que esta práctica es ilegal. Según explicó, el salario vital no incrementa de forma significativa el precio de la vivienda, ya que los costos laborales representan aproximadamente el 20 % del valor total de construcción.
Petro sostuvo que el debate de fondo se centra en el tope máximo de la VIS, y advirtió que elevarlo implica dejar de construir vivienda verdaderamente popular, que es el objetivo central de la política pública habitacional. En ese sentido, señaló que fijar el límite en 135 salarios mínimos no reduce el valor real de la vivienda, sino que representa un aumento en pesos por encima de la inflación del sector, que fue del 3 %.
El pronunciamiento del presidente se da luego de que el Ministerio de Vivienda publicara para comentarios ciudadanos el proyecto de decreto que armoniza el tope máximo general de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La medida busca proteger la planeación financiera de los hogares y evitar incrementos abruptos en los precios.
La cartera de Vivienda aclaró que el proyecto no constituye un control de precios, sino un mecanismo de protección para las familias compradoras. Además, reiteró que el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas ligadas al aumento anual del salario mínimo.
Con esta disposición, el Gobierno busca evitar incrementos súbitos —como los derivados del aumento del salario mínimo del 23 % para 2026— y limitar cualquier ajuste a variables relacionadas con los costos reales de construcción, respetando lo acordado desde la separación del inmueble, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.
Fuente: Exitosastereo
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