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En total, nueve personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta).
Se trata de los integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez.
De acuerdo con la investigación, liderada por un Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, los implicados habrían aprovechado sus cargos y acceso a información reservada para exigir pagos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a su entorno familiar. A cambio, ofrecían evitar órdenes de captura, frenar medidas cautelares con fines de extinción de dominio y realizar maniobras judiciales a su favor.
La Fiscalía estableció que Villavicencio y Bogotá fueron los puntos donde algunos de los presuntos integrantes de la red se reunieron con las víctimas. En estos encuentros, habrían mostrado información confidencial sobre procedimientos judiciales en curso para ejercer presión e intensificar los cobros ilegales.
Manipulación de pruebas e intimidaciones
Según el ente acusador, los investigados —que cumplían funciones de policía judicial— habrían eliminado elementos materiales probatorios, alterado evidencias y constreñido testigos para que entregaran información falsa, como represalia ante la negativa de pago de las sumas exigidas.
También son señalados de intimidar a un investigador líder con el fin de acceder a detalles reservados de los procesos que eran de su interés.
Fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados, según su presunta responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
Fuente: periódico del meta
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