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La medida busca garantizar el derecho al descanso y la salud auditiva de los colombianos, especialmente en zonas residenciales donde el exceso de ruido se ha convertido en una de las principales causas de conflicto entre vecinos.
El monto de las sanciones dependerá del nivel de afectación y de la reincidencia del infractor. En los casos más graves, las multas podrán alcanzar el equivalente a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Las autoridades locales están facultadas para realizar mediciones de ruido y aplicar las sanciones correspondientes. Además, los ciudadanos podrán presentar denuncias cuando el ruido supere los límites permitidos o se repita de forma constante.
La norma contempla sanciones adicionales en caso de desobediencia o resistencia a la autoridad, e invita a la ciudadanía a promover el respeto mutuo y la convivencia pacífica.
