Actualmente, Colombia cuenta con 229 estaciones públicas, 401 cargadores y 746 conectores, concentrados principalmente en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. El nuevo reto del Gobierno es ampliar esta infraestructura a regiones intermedias y rurales, para que la transición energética llegue a todo el territorio nacional y genere desarrollo equitativo.
El documento propone la adopción de los conectores Tipo 2 (AC) y CCS2 (DC) —los más comunes a nivel global—, junto con el protocolo OCPI, que permitirá reportar en tiempo real la ubicación, disponibilidad y tarifas de los puntos de carga. Toda la información será administrada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y estará disponible en plataformas abiertas, en cumplimiento de la política de datos abiertos del Gobierno Nacional.
De acuerdo con las proyecciones del sector, hacia 2030 el país requerirá cerca de 20.000 puntos de carga, una expansión que demandará inversiones estimadas entre 255 y 390 millones de dólares.
Durante la presentación, la viceministra de Energía, Karen Schutt, destacó que este paso “fortalece la confianza de los usuarios, incentiva la inversión privada y democratiza el acceso a una movilidad más limpia”.
Agregó que la interoperabilidad representa “una herramienta de justicia energética que impulsa el desarrollo, la innovación y la equidad en todo el territorio colombiano”.
El proyecto fue socializado en un taller con más de 150 representantes del sector energético, la industria automotriz, la academia y los gremios, donde se analizaron los retos para consolidar a Colombia como líder regional en electromovilidad sostenible.
Redaccion: ExitosaStereo
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