El presidente Gustavo Petro había hecho un llamado público para que se diera la liberación, recordando que los soldados “pueden ser hijos del campesinado” e invitando a avanzar hacia la sustitución de cultivos ilícitos de manera pacífica.
El Ejército Nacional señaló que este tipo de hechos constituyen graves violaciones a la Constitución y la ley, al configurar delitos como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.
Según informaciones preliminares, cerca de 600 personas habrían sido instrumentalizadas por las disidencias de las FARC para impedir las operaciones militares en la zona, centradas en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.
Fuente: La wradio