La decisión hace parte de la investigación sobre los denominados ‘falsos positivos’, en el subcaso Costa Caribe. La sentencia incluye restricción efectiva de la libertad, con monitoreo electrónico permanente a través de un dispositivo similar a un reloj inteligente.
Además, los militares deberán cumplir con proyectos restaurativos dirigidos a las comunidades afectadas.
La magistrada indígena Ana Manuela Ochoa Arias, ponente del caso, indicó que los uniformados actuaron en un plan criminal sistemático, que presentó como bajas en combate asesinatos y desapariciones forzadas de personas en condición de vulnerabilidad y en connivencia con grupos paramilitares.
La JEP concluyó que los acusados cometieron crímenes de lesa humanidad como asesinato, desaparición forzada, tortura y persecución, y crímenes de guerra como homicidio en persona protegida.
El tribunal documentó graves afectaciones en las víctimas y sus familias: traumas físicos y psíquicos, desplazamientos, pérdida de tierras y oportunidades, destrucción de vínculos familiares e impactos intergeneracionales. También se mencionaron daños al territorio, lugares sagrados y al medio ambiente.
En total, los magistrados verificaron más de 500.000 folios antes de emitir esta histórica sentencia, la primera contra miembros de la fuerza pública en el marco del subcaso Costa Caribe.
Fuente: La FM