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Diversos sectores del sistema de salud alertan sobre la crítica situación que atraviesan cerca de 6.000 personas que viven con VIH en el país, quienes estarían enfrentando interrupciones en sus tratamientos debido a presuntos retrasos en los pagos entre una Entidad Promotora de Salud (EPS) y una Institución Prestadora de Servicios (IPS).De acuerdo con organizaciones defensoras de pacientes, esta problemática ha afectado la entrega oportuna de los medicamentos antirretrovirales, esenciales para controlar el virus y garantizar la calidad de vida de quienes lo padecen. La interrupción del suministro puede tener consecuencias graves para la salud, incluyendo el avance de la infección y la resistencia a los fármacos.
Ante este panorama, colectivos ciudadanos y asociaciones médicas han solicitado la intervención de las autoridades de control y vigilancia, como la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos y proteger el derecho fundamental a la salud.
Voceros del sector advierten que la situación no solo refleja un problema administrativo, sino también una falla estructural en la gestión financiera del sistema de salud, que debe priorizar la atención integral de los pacientes con condiciones crónicas.
Mientras se adelantan las verificaciones y posibles medidas, los pacientes afectados y sus familias hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se tomen acciones inmediatas que eviten la interrupción de los tratamientos y se restablezca el acceso a los medicamentos sin más demoras.
Fuente: ExitosaStereo.
