El reporte señala que esas localidades se caracterizan por tener baja incidencia de denuncias, procesos en curso o cobertura mediática, lo cual puede responder a múltiples factores: niveles reales de seguridad, limitaciones en la gestión de justicia o barreras de acceso institucional.
Aunque no se especifican todos los municipios involucrados, la publicación del gobierno subraya la importancia de fortalecer la presencia institucional y la capacidad investigativa en regiones con menor visibilidad judicial. Asimismo, el ejecutivo considera que estos territorios requieren un enfoque diferencial que permita mejorar el acceso al derecho, la denuncia y la protección ciudadana.
El anuncio ha despertado interés entre organizaciones de derechos humanos y expertos en política pública, quienes advierten que la ausencia de casos no siempre equivale a ausencia de delitos: podría reflejar también fallas institucionales en la recepción de denuncias, la investigación o la cobertura de noticias locales.
El gobierno continúa monitoreando la situación y afirma que trabaja en estrategias para hacer más accesible la justicia y garantizar la visibilidad de los procesos judiciales en todo el territorio nacional.
Fuente: ExitisaStereo