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El Plan CASABE, presentado por la Gobernación del Meta como la estrategia para garantizar un plato de comida diario a 25.000 personas vulnerables, enfrenta fuertes cuestionamientos por presunta improvisación y falta de soporte técnico.De acuerdo con el diputado Wilmar Barbosa, la iniciativa no responde a la magnitud real de la inseguridad alimentaria que atraviesa el departamento. Uno de los principales reparos es la ausencia de estudios que definan con claridad cómo se asignaron los cupos, los puntos de atención y la distribución de canastas rurales.
La inscripción ciudadana superó con creces la oferta disponible: en apenas dos días se registraron 36.925 personas, lo que deja a 11.925 solicitantes —equivalentes al 32,28%— por fuera del programa. Esto significa que, en promedio, cada municipio tendrá más de 400 familias excluidas.
La situación es especialmente grave en Puerto Gaitán, donde organismos de control han advertido reiteradamente sobre muertes de niños indígenas por desnutrición. Sin embargo, el Plan CASABE no prioriza este municipio ni ofrece un enfoque diferencial para las comunidades indígenas, pese a la crisis documentada por la Procuraduría y la Superintendencia de Salud en los últimos años.
Otro de los puntos polémicos es la distribución desigual: mientras Acacías cuenta con tres puntos de atención y Granada con seis, la Comuna 9 de Villavicencio concentra nueve sin una justificación técnica clara. Tampoco se explica por qué algunos municipios con altos índices de pobreza fueron excluidos de la entrega de canastas rurales.
“Anunciar un programa sin soporte técnico ni cobertura suficiente es jugar con la necesidad de la gente. Miles de familias quedarán por fuera y territorios críticos como Puerto Gaitán siguen siendo ignorados”, expresó el diputado Barbosa.
Lo que se proyectaba como un alivio frente al hambre en el Meta se ha convertido en un debate público sobre improvisación, desigualdad en la asignación de recursos y falta de planeación institucional.
Fuente: Exitosastereo
