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El Gobierno Nacional presentó oficialmente la Política de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, una iniciativa liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en coordinación con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia (Cocsascol) y entidades de control como la CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).De acuerdo con el Gobierno, este modelo de gestión ya beneficia a más de 9 millones de personas en Colombia, en especial a comunidades rurales y periurbanas que históricamente han tenido dificultades para acceder al agua potable.
Entre sus principales componentes, la política busca reconocer la gestión comunitaria como un modelo legítimo que concibe el agua como un bien común y que fomenta la participación democrática en su administración. Incluso, se estableció que septiembre será el mes oficial para visibilizar y resaltar estos esfuerzos comunitarios.
Otro de los puntos clave es la creación de la Mesa de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, que funcionará como un espacio de diálogo permanente entre gestores comunitarios, el Ministerio y demás actores institucionales.
La política también incluye:
- Convenios solidarios financiados con recursos públicos, para que los gestores formulen y ejecuten proyectos en sus territorios.
- La estrategia “Ministerio Ambulante”, que llevará formación, asistencia técnica e intercambio de experiencias directamente a las comunidades.
- La ampliación del subsidio comunitario de acueducto, con el fin de garantizar el acceso al agua a hogares de bajos ingresos.
- La clarificación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer el modelo comunitario.
El Ministerio destacó los avances de la estrategia Ruta ComuniAgua, que hasta ahora ha beneficiado a 358 gestores comunitarios, llegando a más de 116.000 familias de estratos 1 y 2, además de fortalecer las capacidades de más de 1.076 gestores en diferentes regiones del país.
Con esta política, el Gobierno reafirma que el agua debe ser vista como un derecho fundamental y un bien común, al tiempo que reconoce la labor histórica de las comunidades organizadas en la garantía del acceso al recurso.
Fuente: La Republica
